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La crisis económica saca a ancianos de las residencias08.11.09 –
BEATRIZ LLEDÓ VALENCIA
C. VÁZQUEZ - Valencia – 06/11/2009

Profesionales del centro Casaverde trabajan las habilidades de los pacientes
RAFA ARJONES
ÁFRICA PRADO
La Conselleria de Sanidad prevé concertar 40 plazas con el Centro de Daño Cerebral Sobrevenido de Alicante para el tratamiento y la rehabilitación de pacientes en fase sub-aguda, una vez estos obtienen el alta hospitalaria tras ser atendidos de un episodio de daño cerebral.
Este centro, perteneciente al grupo Casaverde y ubicado en Mutxamel, funciona desde 2001 como una unidad que ahora ha sido transformada en centro monográfico dedicado al daño cerebral adquirido (DCA), cuyo día mundial se celebra hoy. El DCA es una lesión súbita en el cerebro que produce diversas secuelas de carácter físico, psíquico o sensorial. Entre las causas más comunes figuran los traumatismos craneoencefálicos y los ictus o accidentes cerebrovasculares, además de tumores cerebrales o causas de origen infeccioso.
Según datos de la Federación Española de Daño Cerebral, unas 300.000 personas padecen este tipo de lesiones, de los que buena parte de ellos se producen por accidentes de tráfico.
El centro de Casaverde, con 100 camas y 40 plazas de centro de día, lleva siete años atendiendo a pacientes con estas lesiones procedentes de toda España, ya que apenas existen instalaciones de este tipo y el Ministerio de Sanidad tiene concertadas 40 plazas para la rehabilitación y reinserción de pacientes de larga estancia, cuya estancia media oscila entre 7 y 15 meses y donde el principal objetivo es trabajar en las habilidades preservadas.
El presidente de Casaverde, Alberto Giménez, señala que el centro prevé formalizar en breve plazo un concierto con la Conselleria de Sanidad para asistir en la fase previa a pacientes de la Comunidad Valenciana, una vez atendida la urgencia vital, con el fin de reducir en lo posible las secuelas producidas por un daño cerebral.
"En este caso, la estancia es de 3 ó 4 meses de media, con un tiempo máximo de 6 u 8 meses", indica Giménez, que añade que "trabajamos muy intensamente para reducir o minimizar sus déficits funcionales, motores, de memoria, del habla, e incluso trastornos de conducta que en ocasiones se producen".
El centro cuenta con un equipo multidisciplinar de 90 profesionales sanitarios, que incluye neurólogo, neuropsicólogos, logopedas, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. La unidad de rehabilitación, donde la mitad de los pacientes proviene de la provincia y la otra, de otros puntos del país, tiene en lista de espera a una veintena de personas.
El 50 por ciento de los pacientes atendidos han sufrido un ictus, el equivalente cerebral a un ataque al corazón, y el porcentaje restante ha sufrido un accidente, por lo que en ocasiones las edades corresponden a gente joven.
El responsable del centro destaca a su vez la importancia de logar en la medida de lo posible la vida autónoma del paciente afectado por daño cerebral y para ello, subraya, "es necesario en muchas ocasiones realizar terapia con los familiares porque estas situaciones son un drama y a veces el familiar puede frenar el tratamiento rehabilitador".
MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) –
La magistrada jefa del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General de poder Judicial (CGPJ), Paloma Marín, alertó hoy de la resistencia de varios tribunales para aplicar la Ley Integral contra la violencia machista al tener en cuenta el supuesto síndrome de alienación parental (SUP), que "carece de rigor científico". A su juicio, esta consideración por parte de los tribunales "refleja el mandato subliminal de reducir las denuncias por parte de las mujeres".
Este síndrome surge en el marco de los litigios para la guardia y custodia de los hijos, y pretende justificar que los menores mienten en contra del progenitor, manipulados por sus madre, según explicó la magistrada durante su intervención en el III Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Tomando como base 200 sentencias judiciales, Marín destapó que este supuesto SAP aparece como un instrumento creado para la "estigmatización de la mujer", y que "sirve para enfrentar normas que permitan un avance en el disfrute de los derechos de las mujeres". Este síndrome está presente en un 77% de la jurisdicción civil estudiada y en un 23 por ciento de la penal.
Asimismo, la magistrada señaló que en varias de estas sentencias se afirma la conveniencia del SAP en el caso enjuiciado, e incorporan la mención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), como si éste se hubiera pronunciado sobre su contenido, sentido o base científica. "El TEDH sólo recoge este síndrome no en su pronunciamiento sino al citar las alegaciones de una de las partes", aclaró.
Por otra parte, Marín reveló que entre los fallos estudiados, en dos de los dictados por audiencias provinciales aparece la creación de otro síndrome, que "emparenta" con el supuesto SAP, y que tiene un origen "misógino" en la propia formulación, como es el ‘síndrome de la madre maliciosa’.
En cuanto a la forma en que el síndrome de alienación parental tiene su entrada en las resoluciones judiciales, la magistrada explicó que se produce bien a través de informes, bien por directo posicionamiento del tribunal, o bien por alegaciones de las partes -por la asistencia letrada del padre y también "se empieza a ver más" por la asistencia de la madre–.
No obstante, señaló que las mayoría de las resoluciones que mencionan el SAP "asumen su supuesta existencia". En este sentido, aseguró que algunos fallos no cuestionan su existencia como síndrome y que, por tanto, se adoptan decisiones con fundamento no en hechos ciertos o contrastados, lo que, a su juicio, "resultaría impensable en otros ámbitos del Derecho".
EFE / INFORMACION.ES
El grupo socialista en Les Corts ha propuesto reducir entre un 25 y un 50 por cien las tarifas en MetroValencia, TRAM Alicante y Bus guiado Castellón para las personas con grado y discapacidad igual o superior al 33 por ciento y empadronados en la Comunitat Valenciana.
En un comunicado, el portavoz de Infraestructuras del PSPV-PSOE en Les Corts, Francesc Signes, ha destacado esta propuesta de un total de 44 que han presentado los socialistas al proyecto de ley de la Generalitat, de accesibilidad universal al sistema de transportes de la Comunitat Valenciana, en trámite parlamentario y cuyo debate en Comisión de Infraestructuras se producirá el próximo viernes.
Según Signes, la propuesta socialista consiste en la creación de una tarjeta descuento que se implantará en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley, "por la que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) establecería un sistema de tarifas reducidas".
El diputado socialista en Les Corts considera muy importante que todos los plazos incluidos en la ley empiecen a aplicarse desde la entrada en vigor de ésta, y no a partir de su desarrollo reglamentario.
La propuesta del grupo socialista supondrá que las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, acogidas a este sistema, "tendrán el derecho de ser acompañadas por otra persona que disfrutará de las mismas condiciones económicas de viaje que la persona con discapacidad".
Además, este sistema se aplicará también a "los futuros medios de transporte que puedan crearse en otras ciudades" de la Comunitat Valenciana y "podrán ser beneficiarios los extranjeros residentes" en nuestra comunidad que reúnan las condiciones ya indicadas y que estén empadronados más de seis meses.
El diputado ha señalado que "los potenciales beneficiarios de esta ley, que no del sistema de descuento, pueden suponer cerca del 40% de la población" que reside en la Comunitat, ya que afecta a "las personas con discapacidad permanente, a los colectivos de personas de edad avanzada no discapacitadas y a las personas con circunstancias transitorias que resulten discapacitantes".
El grupo socialista ha presentado un total de 44 enmiendas "para mejorar el proyecto" y, según Signes, "un número importante de ellas va dirigido a evitar que este proyecto de ley no interfiera, ni vacíe de contenido la normativa valenciana" y "tenga en cuenta la legislación estatal básica en esta materia".
Finalmente, Signes ha considerado muy importante que todos los plazos incluidos en la ley "empiecen a aplicarse desde la entrada en vigor de ésta y no a partir de su desarrollo reglamentario".
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