LOS DEPENDIENTES SIGUEN BATALLANDO POR LA APLICACIÓN DE UNA LEY QUE, EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, ES PAPEL MOJADO
La situación de las personas dependientes en la Comunidad Valenciana es realmente lamentable. No sabemos qué se está haciendo con los 250 millones de euros que el gobierno central ha transferido a la comunidad para cubrir esta urgente necesidad social.
Sin embargo, sí sabemos que en esta Comunidad tenemos una Ciudad de la Luz -en la cual se han gastado cifras enormes en su creación y en las infraestructuras del entorno- para rodar películas, aunque no sabemos nada respecto al número de puestos de trabajo ni al dinero que genera, ni tan sólo si compensa esta inversión a largo plazo.
También tenemos maravillosos circuitos para carreras de moto, gastamos 2.000 millones de las antiguas pesetas para la visita del Papa (que venga el mismo Jesús y lo vea) y disponemos de instalaciones estupendas para que los veleros más suntuosos y que el personal de élite puedan competir.
Por fin queda la joyita de la corona, nuestra ruinosa TERRA MITICA, un espacio lúdico supuestamente pensado para generar dinero en esta comunidad, pero que hasta ahora nos ha costado a todos montones de dinero. Es muy probable, que en algún momento esos terrenos acaben en manos de constructores que intentarán “ayudar a crear puestos de trabajo”, para seguir ampliando la mole de cemento que rodea Benidorm.
Pero seguimos sin respuesta para aquellos que más lo necesitan. Para quienes cada día supone una lucha constante generar esos medios para sobrevivir o convivir con una enfermedad crónica o una discapacidad. Para quienes ven reducidas sus vidas al cuidado de un enfermo, sin ninguna expectativa más y sin posibilidades de llevar una vida profesional, con todos los beneficios que ello supone.
Los enfermos, los familiares y todos aquellos voluntarios que participan en la gestión de estos problemas, son los que están cargando en primera fila con el peso de La Ciudad de la Luz, Terra Mítica, circuitos de motos, competencias de veleros y visitas papales.
Para más inri, en el uso de las competencias delegadas, el parlamento valenciano ha sacado un decretazo a través del cual, una vez concedida la dependencia, cuando por fín llega si se sobrevive a ese largo periodo de espera, se pagará sólo a partir de la fecha de concesión y no de la fecha de solicitud como está pasando en el resto del Estado.
Sr. Camps… sabemos que no se sonroja, pero… ¿no se le ocurre pensar que cuando ya deje el cargo y vuelva a ser un ciudadano más -que algún día sucederá-, cuando vaya por la calle, más de un dedo -entre ellos estará el mío- le señalarán diciendo “Este hombre dejó que mi madre, o mi padre, o mi hija muriera sin los cuidados que necesitaba y se merecía”? ¿Qué explicación como ser humano le dará a sus propios hijos o nietos?
Rectifique Sr. Camps, que es de sabios, aunque en su caso sólo serviría para devolver la dignididad y los cuidados de muchos desamparados.
El diputado socialista en las Cortes Valencianas Manuel Mata afirmó hoy que el Gobierno valenciano “se burla” de las personas dependientes y de los grandes inválidos al tardar más de cuatro años en proporcionarles las ayudas a las que tienen derecho por ley como constata el hecho, dijo, de que “tras 250 millones de euros trasferidos desde el Gobierno de España y de que 50.000 personas tuvieran derecho a la prestación, sólo 27.000 hoy estuvieran en condiciones de percibirla”.
Mata mantuvo hoy una reunión con la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores (Avadec), Palmira Castellano, para analizar la situación de este colectivo y especialmente de los 25 afectados que recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, con el apoyo jurídico del grupo socialista, su situación por el “bloqueo” de las ayudas establecidas en la Ley por parte del Gobierno valenciano.
Así, estos 25 afectados solicitaron en mayo de 2007 el reconocimiento de su dependencia para percibir las ayudas pero pasado un año aún no habían recibido contestación con lo que, unido al cambio de criterio del Consell por el que el silencio administrativo en lugar de considerarse positivo se cambiaba a negativo, no sabían si sus reclamaciones habían sido aceptadas.
Ahora el recurso está listo para sentencia y Mata recalcó que a la vista de cómo evoluciona el pleito “va a ser que nos van a determinar que la gente es dependiente a los seis meses de que hayan cursado la solicitud, que tienen derecho a la prestación desde esa fecha y que además tienen que ser indemnizados por los daños morales que el retraso les supone”.
En ese sentido, destacó que el pleito ha servido para hacer un seguimiento de cada una de las situaciones y se ha constatado que el Gobierno valenciano “se burla” de las personas dependientes, de los grandes inválidos y de los que tienen graves enfermedades porque “tardan más de dos años en decirles que son dependientes, otro año en decirles qué les correspondería y otro más en proporcionarles estas ayudas” con lo que cuando al fin les llegan “lamentablemente muchos han fallecido”. Por contra, evidenció que la calidad de vida de estas personas “cambiaría muchísimo” si recibiera la prestación.
Por su parte, la presidenta de la Asociación, Valenciana de Dependientes y Cuidadores (Avadec), Palmira Castellano, mostró su “indigación” pues, dijo, desde que se aplica la ley en la Comunitat “sabemos que no estamos al mismo nivel del resto de las Comunidades” ya que “aquí se están cometiendo una serie de escándalos que hacen que tengamos menos derechos”, se lamentó.
Por ello, manifestó la necesidad de una mayor implicación de la Justicia en la defensa de sus derechos ya que el Colegio de Abogados de Valencia, pese a sus reiteradas peticiones, no les brinda los abogados del turno de oficio que requieren pese a que “no debería ser necesario discutir cuando es un dependiente”.
Al respecto, dijo no entender por qué se prolongan “tantísimo” los plazos, lo que supone “un incumplimiento manifiesto” de la ley, así como el no cumplimiento de la retroactividad o el que no se reconozca la compatibilidad de recursos como en otras comunidades, entre otros aspectos. “No queremos sentirnos ciudadanos de segunda”, proclamó.
CIFRAS REALES
Castellano reclamó conocer las cifras “reales” de dependientes y cuestionó en ese sentido las que aporta la Conselleria de Bienestar Social en las que en septiembre “hablaban de 40.000 solicitudes, lo que les valía para afirmar que aplican la ley en un 90 por ciento de los casos, cuando desde esta asociación se tiene conocimiento de que hay más de 120.000 expedientes“.
“Se está muriendo mucha gente, hay muchas quejas y se está creando un servicio doble que, en lugar de beneficiar al interesado ,está provocando un despilfarro de los recursos que no llegan a la persona que lo necesita”, criticó Castellano, quien añadió: “están destruyendo una cosa que funcionaba para montar otra que no sabemos aún si va funcionar”.
En ese sentido, mostró su oposición a la voluntad de un cambio administrativo ya que ello supondría “atascar la tramitación” al principio del proceso con el propósito de que “se presenten menos solicitudes” ya que se les exigirá una serie de informes que “se tardarán en reunir por el atasco de los servicios municipales”. Por ello, concluyó: “la mejor solución es a través de los tribunales”.
Fuente: AVADEC
E. BROTONS | ALICANTE
Los juzgados de Alicante se convirtieron ayer en un clamor popular por el incumplimiento de la Ley de Dependencia. La celebración de la primera demanda en la sala uno de lo contencioso-administrativo, -denuncia que ha sido interpuesta por una familia para exigir a Bienestar Social los derechos recogidos en la normativa-, sirvió de reclamo para que discapacitados, padres, hermanos y amigos se concentraran en las puertas con pancartas y camisetas naranjas y denunciasen la situación por la que están pasando.
Eran pasadas las nueve y media de la mañana cuando comenzó la vista oral y algunos dependientes entraron esperanzados en la sala. «Puede ser un precedente», comentaban. Veinte minutos después, salían indignados. «Es una vergüenza», afirmaban tras la decisión judicial. La odisea de los discapacitados por los tribunales no ha hecho más que comenzar.
La familia de Ayeisa Méndez se ha convertido en un emblema. Esta joven de 27 años padece una parálisis cerebral de nacimiento, con un grado de discapacidad del 85% y en abril de 2007 sus padres se acogieron a la polémica ley. Año y medio después de no recibir contestación del Consell, pusieron el caso en manos del abogado David Gandía, quien posteriormente amplió la demanda ya que se le reconoció un grado de dependencia inferior al que consideraban. A Ayeisa, que necesita una atención las 24 horas al día, le concedieron finalmente una prestación de la que ya está disfrutando: la asistencia al centro de día Infanta Elena, de nueve de la mañana a cinco de la tarde y de lunes a viernes.
El padre, Javier Méndez, teme por su futuro y quiere una plaza residencial o el servicio de un cuidador que cubra las horas, fines de semana y las vacaciones.
La incompetencia territorial fue el argumento esgrimido ayer por el letrado de la Conselleria y que llevó a que la jueza decidiese anular la vista oral hasta que la Fiscalía decida en unos días qué tribunal es el competente: el contencioso-administrativo de Valencia o el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), órgano donde se están derivando todos los casos, dilatándose en el tiempo y dejando «totalmente abandonados» a los afectados, apuntó Gandía.
Traslado a Valencia
Ante un público mucho más numero de lo habitual -faltaron sillas para todos los que entraron-, la parte demandante recordó el compromiso de los poderes públicos para hacer cumplir la ley. Y puso de manifiesto las dificultades que supondrá para la familia trasladar el juicio a Valencia, por la discapacidad de la joven, cuando el órgano que dicta las resoluciones de la ley es la Conselleria que, con sede en Valencia, tiene también una dirección territorial con ubicación física en Alicante.
Una vez la jueza explicó al padre que el juicio quedaba suspendido, le preguntó si quería decir algo. «No entiendo nada», le contestó. «No sé si esto es algo de alienígenas», añadió. Dirigiéndose al abogado de la administración le recriminó que «esto -en referencia a la competencia- es demorar la resolución» y ante una sala repleta denunció que «la ley se está aplicando mal».
Amigos, dependientes y familiares, ayer, en la puerta del juzgado.
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NOTICIA «Estoy indignado pero no pienso rendirme»
fotos Concentración de los afectados
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Desde las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana, agradecer el apoyo que con su presencia nos han manifestado los sindicatos CC.OO. y U.G.T., los partidos políticos Esquerra Unida, PSPV-PSOE y Vecinos por Alicante y muy especialmente el de COCEMFE ALICANTE (Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos de la Provincia de Alicante) por cuanto para todos representa esta acción reivindicativa.
¡GRACIAS!
Artículo de opinión
Ayeisa Méndez y su familia habrá de esperar, una vez más, a que les quieran dar lo que por Ley les pertenece.Esta mañana y tras la intervención, en primer lugar, del abogado de la Consellería de Bienestar Social quien ha determinado apoyándose en no recuerdo que artículos de que Ley autonómica, ha declarado que el tribunal de Alicante no es competente en este caso, por lo que pretendía derivarlo al Contencioso-administrativo o Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
A renglón seguido y apoyándose en otros artículos que la propia Consellería había determinado, el abogado defensor ha venido en demostrar que si que es competencia del Contencioso-administrativo de Alicante, supuesto que aquí también existe Sede del Consell Valenciano y tiene competencias para descentralizar la justicia, por lo que según todos los indicios legales no debe salir para evitar el penoso peregrinaje de los afectados.
Tras las dos intervenciones y sus correspondientes rectificaciones y/o reafirmaciones, la juez ha determinado suspender el juicio mientras deriva hacia la fiscalía para que determine si este tribunal es competente o no para juzgar el caso.
La juez se ha dirigido al demandante, padre de la mujer afectada por una parálisis cerebral con un 85%, por si quería aportar alguna opinión y éste, le ha respondido que no entendía nada. Que si en la ciudad de Alicante existe una sede del Gobierno Valenciano, con iguales competencias ¿por qué razón pretenden llevar a Valencia la celebración de un juicio que lo único que se busca es demorar «sine die» la resolución de un caso que en algún momento habrán de afrontar.
La sala que abarrotada de personas con y sin diversidad funcional escuchaba todo el proceso, finalmente demostró su decepción y, como nos ha salido un día lluvioso, algunos paraguas repiqueteaban discretamente sobre el parqué en señal de tongo.
¡Lo que cambian las cosas! Si la juez, ante los razonamientos de la defensa que, por otra parte se ajustaban a la ley emanada por el propio gobierno valenciano, se hubiese declarado competente, el juicio hubiera avanzado y ahora -probablemente- tendríamos sentencia que a posteriori el Consell habría recurrido, o no, pero ya este recurso hubiera precipitado un resolución definitiva. Al lavarse las manos, lo único que ha provocado es el alargamiento del proceso todo el tiempo que nadie desea, pues la consulta al fiscal podría demorarse meses, luego según lo que determinara, podría durar años y así todos os imaginaréis lo que pretenden y que no es otra cosa que ahorrarse anualmente y por cada dependiente, algo más de, entre 8.000 o 12.000 euros. Por supuesto que, infinitamente menos dinero que el que nos han escamoteado con el caso Gürtel.
¡País!
Enrique Rubio Aracil
Las responsables de la Plataforma de la Dependencia de Aspe
INFORMACION
PÉREZ GIL
El aspense Juan Manuel Padilla, concejal y diputado provincial, considera una "vergüenza" que más del 85% de los grandes dependientes de Aspe que han solicitado las prestaciones sigan sin recibir un solo euro 29 meses después de la entrada en vigor de la ley estatal.
Los datos oficiales que ha facilitado constatan la existencia de 323 solicitudes en Aspe de las que se han emitido 166 resoluciones de grado y nivel, poco más del 50 por ciento, y de las que 142 corresponderían a grandes dependientes. Son estos grandes dependientes los que, con los baremos establecidos por la ley, deberían haber cobrado a día de hoy dos millones de euros, lo que supone que a cada uno se le adeuda una cantidad media de 18.000 euros.
Unos datos que han llevado al dirigente socialista a afirmar que "la Generalitat Valenciana pervierte el uso de las leyes, que no tienen otro fin que dar respuesta a las demandas de la gente, para ahorrarse un dinero que hasta marzo de 2009 recibía del Gobierno central aunque no le llegaba al dependiente porque el Consell nunca terminaba el proceso". Ahora, el Estado sólo envía el dinero cuando el proceso está totalmente acabado con lo que es el Gobierno valenciano quien obstaculiza, con su inactividad, que los dependientes puedan cobrar. En estos términos lo ha denunciado Padilla advirtiendo que "el dinero de los dependientes hasta marzo de 2009 recibido por la Generalitat nadie sabe a donde ha ido a parar".
Defensor del Pueblo
El dirigente socialista se ha sumado a todas y cada una de las demandas formuladas ante el Defensor del Pueblo por las plataformas en defensa de los dependientes de la Comunidad Valenciana.
En este sentido también exige que el procedimiento desde que se solicita hasta que se concede la ayuda no supere los nueve meses y pide, asimismo, que se acabe con el silencio negativo que viene aplicando la Conselleria de Bienestar Social.
Dignificar el trato
A su juicio son dos medidas esenciales, entre otras muchas que reclaman las plataformas, para dignificar el trato que reciben los dependientes. "Que en el caso de Valencia son tratados sin el más mínimo respeto, como pedigüeños a la caza de una limosna, cuando en realidad se trata de que la Administración Autonómica cumpla con su obligación y no les niegue un derecho reconocido por la ley", reitera Padilla. Por eso rechaza el diputado socialista la medida del Gobierno valenciano de aplicar el silencio negativo a las resoluciones que no se resuelvan dentro del plazo.
PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA
LEY DE DEPENDENCIA
ALICANTE
APOYO A AYEISA Y FAMILIA EN SU
DEMANDA AL CONTENCIOSO ADMINISTRASTIVO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DEPENDENCIA
Mañana, viernes 16 de Octubre de 2009, se celebra el juicio por el Contencioso Administrativo interpuesto por Ayeisa Méndez y su familia contra el Gobierno Valenciano por el incumplimiento de la Ley de Dependencia y que tiene lugar en la Sala 1 de los Juzgados de Alacant a las 9:30 de la mañana.
Es la primera demanda de una familia alicantina contra la Conselleria de Bienestar Social.
Ayeisa , de 27 años, con una parálisis cerebral y un discapacidad del 85%, se hartó de esperar durante año y medio ya que no recibía una contestación de la Conselleria de Bienestar Social y decidió presentar la demanda, que luego amplió porque la administración le reconoció un grado de dependencia inferior al que la familia consideraba.
Las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia entendemos que este juicio Contencioso-Administrativo es muy importante para las personas en situación de dependencia ya que puede ser un buen precedente para acercar la justicia a los interesados y no tener que desplazarnos a Valencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ya que la Generalitat Valenciana, que preside el Sr. Camps, mediante un decreto, ha querido complicarnos más la vida, con todos los problemas familiares que ya tenemos.
Esperamos que los jueces comprendan nuestras peticiones y que los ciudadanos de Alicante y de la Comunidad Valenciana nos den su apoyo y su colaboración.
Alicante 15 de octubre de 2009
«Cuando una persona necesita apoyo es durante las 24 horas y no de nueve a dos»
«Falta financiación pero también centros, servicios y plazas para todas las peticiones»
«El 2 de enero de 2007 solicité la ayuda. Me valoraron y ahora en junio me declararon el nivel. Estoy en silla de ruedas y tengo un 78% de discapacidad. Hasta la fecha no he cobrado ni una peseta». La odisea de Javier Aparici, de Puerto de Sagunto, podría tener muchas caras. Personas dependientes que esperan ayuda. La mitad de los 57.000 valencianos con grado y nivel en vigor aún no las han recibido.
Desde que entrara en vigor la ley, en enero de 2007, hay muchas familias esperando una llamada. Otras la recibieron demasiado tarde. «Lo pedimos en 2007, sí. Ni siquiera dinero, sólo ayuda especializada para mi mujer. Tardaron un año en valorarla. Una semana después de fallecer, me llamaron. Ni siquiera quise saber para qué», explica Diego Fernández de Valencia. Su caso, por desgracia, no es el único. «Hay que pasarlo día tras día para saber lo que es», afirma.
El grado de implantación del Sistema de Dependencia por comunidad autónoma sitúa a la valenciana en las últimas del ranking en número de solicitudes y plazos. «Estamos observando una ligera mejoría pero la mayor parte de los expedientes se hacen eternos», explica Joan Planells, presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en la Comunitat (Cermi).
Las incompatibilidades para obtener varias prestaciones es otro problema para los afectados. «En la Comunitat tenemos un sistema de incompatibilidades muy severo que tendría que comprender la situación de muchas familias.
Cuando una persona es dependiente lo es durante las 24 horas y no de nueve a dos», subrayan afectados del Cermi. «Es como si tuvieras dos tipos de cáncer y en el hospital te hicieran elegir por uno de los dos para poder operarte».
La UGT pedía hace días a la Conselleria de Bienestar Social crear el Comité Consultivo autonómico de la Dependencia, una réplica del nacional formado por sindicatos, patronal y Administración.
La meta siempre es la misma: acortar plazos. «Es imprescindible cambiar procedimientos. Somos los penúltimos en resoluciones y no se están dando servicios especializados que permitirían, además, generar puestos de trabajo», matiza la secretaria de Política Social de UGT, Pepa Llorca.
La aplicación de la Ley de Dependencia comenzó gradualmente con los reconocidos como Gran Dependiente. Las valoraciones se determinan según grado y nivel. Un baremo determina tres grados y dos niveles en cada uno de ellos. El porcentaje representa la falta en movilidad y autonomía física, mental, intelectual o sensorial para realizar actividades básicas de la vida diaria.
Desde la Confederación de Personas con Discapacidad Física de la Comunitat (Cocemfe) se critica que la valenciana «haya sido de las últimas en el desarrollo efectivo de la ley. Falta financiación pero también centros, servicios y plazas para atender todas las peticiones».
El Gobierno central anunció hace días que transferirá un balón de oxígeno económico a la Comunitat de 36 millones de euros para programas y actuaciones para dependientes que beneficiarán a 19.614 personas y generarán 1.500 puestos de trabajo. El Ejecutivo dirigirá su mirada hacia la oferta de la red de servicios en centros de día y alojamientos residenciales. 12.600 euros serán para formación y cualificación de profesionales y cuidadores ligados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Saad), así como 1.200.000 euros para planes de formación de capacitación profesional.
Vista la evolución de los primeros años de vida de la ley, la Conselleria de Bienestar Social trabaja en un nuevo decreto que incluye modificaciones en el procedimiento. El objetivo es reducir a la mitad el tiempo que pasa desde que la persona dependiente solicita su reconocimiento hasta que recibe la prestación. Esta situación aliviaría el «calvario» de muchas familias. Una medida será que la documentación de carácter económico se aporte desde el principio, junto con el informe social y la elección respecto al servicio o prestación. Simplificar la recepción de documentos «ayudará a agilizar las respuestas», aseguran.
Otro problema es la financiación, subrayan desde Bienestar Social. Mientras, las ayudas están llegando a las personas «que más lo necesitan», ya que en las primeras valoraciones están incluidos los grados III y II.
El I, considerado más leve, se incluirá, a partir de 2010. «Es una ley muy joven, sólo tiene dos años y ha requerido muchos esfuerzos técnicos, económicos y humanos por parte de la Generalitat para atender el volumen de peticiones», puntualizan.
La consellera Angélica Such pidió al Ministerio de Sanidad que el nuevo modelo de financiación incluya a todos los dependientes reconocidos en la Comunitat «hasta final de año y no sólo hasta abril, como se había previsto».
Bienestar Social aclara que el 90% de las solicitudes han sido «valoradas. 57.000 personas con grado y nivel en vigor están ya reconocidas como personas dependientes y el 50% de ellas reciben un servicio o prestación».
Más información
Pero hay demasiadas esperando. Desde la Plataforma por la Ley de Dependencia de Valencia y la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores piden «datos reales. Pensamos que puede haber hasta 120.000 afectados porque muchos no se han incluido aún».
El próximo sábado se reunirán todas las plataformas de la Comunitat en Cocentaina para gestar una coordinadora que les permita continuar la batalla.
Mientras, Eliseo Durbà, jubilado con problemas de artrosis, tiene a su suegra de 93 años con nivel máximo de dependencia postrada en una cama. Año y medio después de solicitar ayuda ya la ha recibido. «Ojalá le llegue a todo el mundo», desea en voz alta.
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