Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia

23 noviembre 2009

No hay mayor ladrón que la administración.

Archivado en: General — teulader @ 14:55

Una sentencia obliga a la Xunta a pagar la prestación que debía a una dependiente desde julio del 2008

Autor: La Voz

Una sentencia dictada el 20 de octubre por el Juzgado Contencioso-Administrativo número uno de A Coruña ha condenado al área de Vicepresidencia de Igualdade e Benestar de la Xunta, un departamento que ya no existe al ser eliminado por el nuevo Gobierno autonómico y haber pasado a ser competencia de la Consellería de Traballo, a abonar a una vecina de ese mismo municipio todo lo que le debía desde julio del 2008. Esta fue calificada por los técnicos autonómicos con el grado tres, nivel uno, de dependencia, uno de los que requieren mayor atención.

Aunque ayer por la mañana le ingresaron ya unos 10.000 euros correspondientes a los atrasos acumulados desde la citada fecha hasta al mismo mes de este año, todavía tiene pendiente de cobro el resto de las mensualidades. La cuantía que pedían en el recurso era inferior a 13.000 euros. Nunca antes de ayer había recibido ningún tipo de ingreso.

«Aún falta que ingresen tres meses y luego que continúen, pero al llamar a la Xunta para que paguen comentan que carecen de presupuesto para hacerlo. Eso es algo que no puedes comprender», explicó el hijo de la afectada, José Luis Cortez.

Hace un año, la delegación provincial de Benestar de A Coruña había dictado una resolución en la que reconocía que Isabel González Fidalgo se hallaba en estado de dependencia. Por ello, tenía derecho a una ayuda, pero, como explica la familia, «únicamente a través del proceso judicial abierto [lograron] que la Administración cuantificara el importe a pagar».

Basta con ver la sentencia para comprobar como en el fallo explica que «la Administración ha de proceder a abonar los atrasos a la recurrente e iniciar los ingresos de las mensualidades».

La resolución del juzgado contencioso es firme y una de las primeras que hay en Galicia en que la Xunta es condenada a pagar la ayuda reconocida y los atrasos generados.


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